viernes, 22 de noviembre de 2013

NAVEGACIONES-23-11-2013

LOS DERECHOS INSUFICIENTES DE LA NIÑEZ AMAZÓNICA PERUANA1



WILLY GUEVARA [2]


Resumen: los derechos de la niñez indígena de la Amazonía peruana tienen todos los fundamentos teóricos para su garantía y realización, puesto que el marco legislativo del Perú integra los Convenios Internacionales en la materia, no obstante, falencias gestoras impiden su cabal cumplimiento. Pese a las exigencias éticas, políticas y económicas que solicitan el cumplimiento de sus derechos, los presupuestos  asignados son insuficientes, no obstante lo más preocupante se encuentra en la disminuida capacidad creativa de los programas y  proyectos gubernamentales, así como la nula relación comunicativa entre gestores-niños y niñas. Por más que el discurso del Estado sea en otra dirección (de reconocimiento de los derechos de la niñez), la realidad le interpela cada día de modo negativo, por lo que es necesario gestar nuevos lideratos y capacidades en las y los jóvenes indígenas.

Palabras clave: derechos, niñez, Amazonía peruana, incapacidad gestora, inversión social.

Los contextos

La Amazonía peruana es una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismo del planeta, antropológicamente es la más diversa a pesar de ser la región biogeográfica peruana con menor población humana. La mayor parte de las etnias del país se asientan en ella y allí son habladas la mayoría de las  lenguas autóctonas.

Las causas de la escasez demográfica son las epidemias que, desde que llegó el primer conquistador, esparcieron la muerte, convirtiendo las visiones diurnas (logradas usando alucinógenos que se ingerían para tener visiones epistemológicas del cosmos y de la floresta), en lo que denomino “cosmodemias” o “cosmologías enfermadas”, derivándose de allí “enfermedades culturales” que actualmente  constituyen limitantes émicas evidentes. 

Desde tiempos pre-incas todas las culturas habidas en lo que actualmente es el Perú miraron hacia el Mar, sea desde la Costa o los Andes, dejando a la Amazonía a sus espaldas. Desde el Mar (una de las cuatro regiones en que se divide el país) llegaron los demonizadores, los conquistadores, las epidemias y las deidades opresoras.

Fue hasta 1865 durante el gobierno de Ramón Castilla, que inventó el Perú jurídico (así como Toledo inventó el virreinato), que se incluyó por primera vez a la Amazonía al conjunto del Estado-Nación, en formación constante hasta el día de hoy. Siempre se tuvo una visión de un gran espacio natural vacío, cuando originalmente la habitaban casi mil culturas distintas, quedando apenas 67 al 2013, muchas de ellas en extinción. Actualmente son 14 las familias etno-lingüísticas sobrevivientes.

La mayor parte del territorio del Perú está cubierto por la densa selva amazónica. Según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), 782.880,55 km2 de territorio peruano son biogeográficamente Amazonía, lo cual supone un 13,05% del total continental, el segundo territorio nacional amazónico más grande, después de Brasil.  La Cuenca del Amazonas, que nace en las cumbres de los Andes, ocupa un territorio mucho mayor, de 967.922,47 km2, un 16,13% del total de la Cuenca. El Perú es evidentemente  amazónico. 

Los actores

Las estructuras indígenas ancestrales  cumplían, a su manera, con la función de asegurar la protección y el cuidado de la niñez, pero cuando ingresaron a procesos de desintegración o aculturación e incluso anomia (por diversas  presiones externas como los sucesivos ciclos extractivistas: la era del caucho, las epidemias, la demonización ideológica de las religiones católicas y evangélicas y el actual ciclo petrolero), la niñez indígena amazónica peruana se convirtió en la población más vulnerable de todas.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su estudio “Estado de la Niñez en el Perú”, revela que Loreto –la región amazónica más grande– concentra la mayor cantidad de niñas y niños con una lengua materna originaria de la Amazonía.  En la región de Loreto el 65% de los niños y las niñas viven en situación de pobreza, porcentaje alto en comparación con el promedio nacional (45%).

Aunque a nivel nacional el estudio revela la disminución de la desnutrición crónica (de 25% en el 2000 a 18% en el 2009) o el incremento de parto institucional (de 56% en 1996 a 82% en el 2009), también visibiliza las inequidades existentes en la vida de muchos niños y niñas, con base en el área de residencia, sexo, nivel de pobreza, lengua materna, región, etc.  El 78% de niños y niñas de la Amazonía indígena del Perú vive en situación de pobreza, frente al 40% de los que hablan sólo castellano como lengua materna.

El estudio indica que los promedios que señalan progresos en temas como la desnutrición crónica de la niñez y la mortalidad materna e infantil son engañosos. "Los avances medidos a nivel del promedio nacional (…) tienden a esconder las difíciles condiciones en las que viven los niños y niñas del interior del país, especialmente en la Amazonía", aclara el informe.

Los sistemas de medición estadística, como el INEI peruano, no son objetivos. Son  organismos objeto de manipulaciones políticas y sus mediciones suelen cambiar según los intereses  del  gobierno en turno.

Los programas sociales actuales del Presidente Ollanta Humala no se comparan con los operados en Brasil, que lograron, durante “el lulismo”, bajar certeramente la pobreza y elevar a cantidades poblacionales significativas –no necesariamente a nuevas clases medias, lo que personalmente califico de falacia conceptual–, sino a una franja demográfica repleta de nuevas  expectativas, deseos inéditos e intereses distintos, lo que explica las recientes manifestaciones brasileñas ante las ingentes inversiones destinadas para organizar el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, que se llevarán a cabo de manera sucesiva. Extraer de la pobreza extrema o relativa a poblaciones numéricamente significativas es un proceso ineficiente. Las medidas son simplemente monetarias, pero se ignoran los factores culturales y lo que sus mentalidades –socialmente  “convalecientes”– sueñan y  desean.

Económicamente, en las últimas décadas el Perú ha crecido a un promedio de 6.6%, incluso se habla de un crecimiento sin precedentes en su historia, las entidades globales de medición de riesgos le colocan como una de las primeras economías de América del Sur. No obstante considero esta aseveración como otra falacia, ya que la redistribución del producto interno bruto (PBI) no es justa, inclusiva y equitativa a través de los mecanismos de la economía política clásica: trabajo, salarios y servicios.

Según Paúl Martín, representante de UNICEF en el Perú, "… la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (…) enfatiza el rol del Estado en brindar medidas eficaces y especiales para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas indígenas".

La población indígena de la Amazonía es relativamente más joven en comparación con la que se ubica en los contextos peruanos: el 24% tiene entre 3 y 5 años; conforme aumenta la edad la proporción de niños y niñas indígenas que vive en zonas rurales disminuye.  En las regiones donde más del 25% de la población es indígena, la tasa de desnutrición crónica infantil supera el 20%. El 44% de menores de un año de las comunidades indígenas de la Amazonía no tiene partida de nacimiento y sólo el 11% de la población indígena entre 18 y 20 años tiene acceso a la educación superior.

Raramente los niños y niñas indígenas disfrutan del mismo nivel de salud o tienen las mismas posibilidades de acceso a los servicios de atención sanitaria que los no indígenas. Tanto en las regiones  con alto rédito como en aquéllas con rédito bajo, las tasas de mortalidad neonatal e infantil entre los grupos indígenas sobrepasan significativamente las cifras de la población nacional.

Geográficamente el Perú está regionalizado. Existen 24 regiones. Algunas reciben canon por recursos existentes en sus territorios y, en general, la mayoría no gasta todo su presupuesto, por lo que deben retornar al Tesoro Público cifras significativas. Caso típico de las regiones amazónicas peruanas, excepto  la región de San Martín, que sin embargo  atiende más a las poblaciones urbanas habitadas por los llamados “criollos” y “mestizos” que a los y las indígenas, a quienes ignora.

Si bien el Perú ha logrado avances significativos en los últimos años, en la mejora de la salud en la primera infancia por ejemplo, existen otros aspectos donde no hay cambios sustanciales, entre ellos se encuentra la desnutrición crónica, la insuficiente asistencia a la educación inicial y la proporción de niños y niñas que no cuentan con partida de nacimiento. Todos estos aspectos, entre otros, siguen representando grandes retos para el país. Además, las grandes brechas que existen entre una y otra región, entre las zonas rurales y urbanas, y entre las poblaciones de lengua diferente a la del castellano, siguen siendo notorias.

Cerca del 80% de los niños y niñas indígenas  amazónicos  peruanos carecen de acceso a algunos de los derechos más básicos, como son la educación y la salud. Son el sector más vulnerable de la sociedad peruana.

Los derechos

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de 1989, es el primer instrumento vinculante del derecho internacional que se ocupa exhaustivamente de los derechos de la niñez. Monitorear la aplicación de la CDN es tarea del Comité de los Derechos del Niño, quien evalúa los progresos logrados por los Estados Partes en el cumplimiento de sus obligaciones. Dentro del marco de su mandato, el Comité formula sugerencias y recomendaciones a los gobiernos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar los objetivos de la CDN.

Los derechos individuales, así como se les expone en la CDN, son derechos que se reconocen a los seres humanos por su calidad de individuos, por ejemplo el derecho intrínseco de la niñez a la vida o a la libertad de expresión. Por el contrario, muchos de los artículos propuestos en el Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas implican el reconocimiento de derechos colectivos, en cuanto ambos son derechos humanos. Los derechos individuales y los derechos colectivos no sólo son compatibles, sino que además pueden reforzarse recíprocamente.

En los principios y disposiciones de la CDN, confirmada durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Favor de la Infancia, celebrada en mayo de 2002, se consagran los siguientes derechos como los prioritarios y se suponen de enorme capacidad determinativa.

  • El derecho al registro de nacimiento, a un nombre y a una nacionalidad: en el Perú no todos tienen documentación que haya registrado su nacimiento ni un documento de identidad, en consecuencia su sentido de pertenencia no es nacional. No se ha llegado a una biculturalidad simétrica.

  • El derecho a la salud y a la atención sanitaria. El más alto nivel posible de salud y nutrición: los sistemas de salud biomédicos peruanos carecen absolutamente de pertinencia y adecuación cultural –en  este sentido, considero a la interculturalidad un horizonte a conseguirse en el futuro, no existe en el presente–. Existen dos sistemas sanitarios paralelos: el etnomédico, con base en plantas y rituales etnopsiquiátricos y la biomédica externa. Entre ambos no existe ninguna relación  formal o informal.

  • El derecho a la educación. Educación de buena calidad: la llamada Educación Bilingüe Intercultural peruana ha demostrado su fragilidad al enfatizar lo indígena y  postergar lo nacional, constituyendo una contradicción conceptual al auto denominarse intercultural.

  • El derecho a la protección contra el abuso, la violencia y la explotación: el tráfico de menores de edad, desde el último ciclo extractivista peruano amazónico del gas y el petróleo, ha generado no sólo impactos objetivos sino particularmente subjetivos y varias instituciones culturales indígenas han sido agredidas por sistemas externos de explotación,  como  la explotación sexual infantil, el trabajo esclavo de los niños en la minería informal del oro, en Madre de Dios, entre otros casos no  menos graves.

  • El impacto de los conflictos armados y los disturbios civiles sobre los niños y niñas indígenas: en el Perú amazónico está el caso patente de las esclavizaciones que  ejecutó el movimiento político mesiánico maoísta Sendero Luminoso contra la etnia Asháninka en Selva Central. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que recomendara una serie de acciones reparativas, no ha respondido a dichas poblaciones y menos a la niñez.

  • Protección y ayuda eficaz: los programas sociales son las vías para lograr esto, pero su eficiencia en ambos casos aún no se percibe. Su paternalismo marcado e insuficiente conexión cultural no permiten el diseño y ejecución de estrategias a largo plazo, su intervención es coyuntural.  

  • Participación infantil en los procesos de toma de decisiones: esto no existe. Incluso hace varios años, antes de 1989, presenté un proyecto en esa temática, pero en el Ministerio a donde me presenté asumieron que la niñez no podía ser consultada. Postura que contradice a la CDN, el Convenio Nº 169 de la OIT y declaraciones estatales de gobiernos sucesivos.

Según el artículo 28 de la CDN, los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño y niña a la educación, con inclusión de la enseñanza primaria gratuita. Sin embargo, la experiencia muestra que los niños y niñas indígenas tienen tasas de matriculación escolar bajas y, aunque van a la escuela, tienen menos probabilidades, que los no indígenas, de recibir el apoyo adecuado para conseguir un óptimo rendimiento escolar. El analfabetismo funcional o cognitivo son una de las consecuencias directas de la exclusión escolar, especialmente grave para las mujeres y las niñas.

Los conceptos

Los derechos por sí mismos no garantizan absolutamente nada. Deben convertirse en políticas públicas, luego en programas y posteriormente en proyectos, además de contar con el financiamiento suficiente.

Garantizar los derechos de niños y niñas implica no solamente una responsabilidad legal y moral. También tiene implicaciones para las políticas económicas y sociales y, por consiguiente, para la asignación de los recursos financieros correspondientes.

A fin de promover un cambio efectivo en este campo, es necesario colocar los derechos de los niños y niñas en el centro de las políticas públicas, particularmente de las políticas presupuestarias. Inversión en capital humano, en futuro y en mentalidades; es necesaria una concepción de política totalmente distinta a la vigente.

El volumen y uso de los recursos públicos asignados al cumplimiento de los derechos de la niñez constituyen un indicador importante del grado de prioridad que otorga el Perú a sus responsabilidades –contraídas en los Convenios Internacionales que tienen carácter de ley–, éstos son invisibles, no existen, sólo nutren la retórica política y se expían verbalizándolos, con esa noción del pensamiento mágico de solucionar por medio del lenguaje.

Paradójicamente, dicha lógica se condeciría más con las culturas indígenas. Contradicciones de un país que todavía no es nación.

Los derechos tienen argumentos éticos, económicos y políticos, si esta trilogía no se cumple los derechos pierden sentido, desde el punto de vista de la propia niñez. Por lo tanto, deben probarse y medirse las relaciones existentes entre la inversión social, el capital humano, la productividad y el crecimiento económico.

Cumplir con los derechos de los niños y niñas es una obligación que adquieren los países signatarios de la CDN, esto tiene implicaciones financieras extraordinarias. El riesgo es la demagogia. El desafío es hacer visibles los vínculos entre la inversión social y la progresiva realización de derechos. Esta es la idea básica para guiar los esfuerzos e influenciar asignaciones y ejecuciones presupuestarias con perspectiva de derechos.

El presupuesto es una herramienta fundamental para ayudar a cubrir la brecha entre la dimensión formal de los derechos, su implementación a través de las políticas públicas y su arribo a la cotidianeidad existencial de la niñez.

La clave es la relación entre el presupuesto y la realización progresiva de derechos, pero ¿cómo resolver la tensión entre la indivisibilidad de derechos y la priorización de gastos?

UNICEF

UNICEF, el organismo de la ONU encargado de hacer vitales y existentes los derechos de la niñez, propone una serie de módulos interesantes, (que no he visto discutir en ninguno de los gobiernos regionales peruanos de la Amazonía, incluso  me atrevo a decir que tampoco guían los programas sociales dedicados a la niñez indígena amazónica). Éstos son:

  • Módulo 1: plantea un conjunto de argumentos teórico conceptuales para responder a la pregunta ¿por qué invertir en las personas, en general, y en la infancia, en particular? Al respecto desconozco que en alguna región amazónica  se haya realizado algún evento que recogiera la opinión de las y los interesados directos y aludidos en estas preguntas.

  • Módulo 2: propone argumentos para responder a la pregunta ¿cómo vincular la inversión social y el cumplimiento de derechos? Las  consultorías y estudios que  suelen realizar los ministerios y organismos, a cargo del cumplimiento de esta ecuación gestora indispensable, no se dirigen a la evaluación sino al diagnóstico. Este módulo está repleto de diagnósticos más no de estrategias y verificaciones.

Es obvio que UNICEF cumple un rol director, pero programas realizados por el propio organismo, como el ejecutado por una década en Río Santiago, región Amazonas, no han tenido los impactos que se esperaban.

·        Módulo 3: propone una evaluación estratégica del contexto nacional para responder a la pregunta ¿cómo determinar estrategias para influenciar en el gasto social adecuadas al contexto del país? Este módulo es clave, pero requiere de mucha imaginación y creatividad para inventar estrategias pertinentes que no son iguales para cada cultura, incluso tampoco lo son para la misma Cuenca. Más que de la economía o de la política, las respuestas para este módulo vendrán de la innovación gestora. ¿Alguien conoce  la metodología de “La desviación negativa” para temas de salud, nutrición y educación?  De enorme éxito en Asia pero en algunas zonas del Perú tuvo una frustrada aplicación. Hubo presupuesto pero la imaginación falló.

  • Módulo 4: ofrece herramientas e instrumentos técnicos para responder a las preguntas ¿cómo definir la inversión social para efectos del análisis y el monitoreo?, ¿cómo asegurar el acceso a la información presupuestaria?, ¿cómo desarrollar un sistema de información presupuestaria?, ¿cómo analizar y monitorear el gasto social?

Una vez más los marcos teóricos positivistas están dados. Las respuestas no son mecánicas, no provienen de modelos matemáticos y  no son globales, por lo tanto el sentido de singularidad e identidad deben prevalecer.

·        Módulo 5: propone argumentos y estrategias de abogacía política y de comunicación para responder a las preguntas ¿cómo llevar a cabo una campaña eficaz de abogacía a favor de la inversión social en la infancia?, ¿cómo construir alianzas con actores sociales y políticos claves?, ¿cómo desarrollar mensajes básicos y efectivos para abogar por una mayor inversión social en la infancia? En este sentido, la comunicación para el desarrollo falla enormemente. Ahora que estoy  en la creación de radionovelas en idiomas nativos y en relación con asociaciones  de jóvenes indígenas de las distintas etnias amazónicas peruanas, me doy cuenta que su oralidad y  el sentido de escucha está muy extendido por la distancia geográfica y es la radio el medio para vencer esas barreras y llegar a las comunidades con escuchas colectivas y debates inmediatos donde tengan voz todas las edades, incluyendo la niñez.

La terminología que usa la UNICEF en muchos de sus módulos es propia de la ONGs, que en mi opinión han fracasado en el Perú, especialmente en la Amazonía peruana, donde nada es sostenible, excepto la explotación desmesurada de sus recursos.

  • Módulo 6: ofrece estrategias para responder a la pregunta ¿cómo fortalecer las capacidades institucionales del sector público y la sociedad civil en el ámbito de las políticas públicas de inversión social? Al respecto me gustaría que en una mesa se sentaran los niños y niñas junto con las y los funcionarios estatales y privados para  responder  ésta y las preguntas anteriores.

Derechos y realizaciones

Marcos clasificatorios presupuestarios por derechos, esto, en mi opinión, es la clave para desarrollar las herramientas y habilidades técnicas necesarias para analizar y monitorear la inversión social desde una perspectiva de derechos.

Además de abogar por una mayor inversión social, es necesario promover buenas prácticas de gestión institucional para asegurar que las inversiones sociales tengan los impactos buscados en la vida de los niños, niñas y sus familias.

Insisto, asistimos a lineamientos teóricos correctos que corresponden al Estado, pero la capacidad de gestión y realización en campo adolecen de una intensa inadecuación, tal vez porque no  se sienten a gusto en la Amazonía o porque no conocen las culturas que allí sobreviven, subalternizadas por un Perú que los vio y ve como “gente de segunda categoría”, como dijera el ex Presidente Alan García en uno de sus exabruptos en plena crisis del 2009, cuando por primera vez en la historia los pueblos amazónicos peruanos se pusieron en pie de lucha.







1 Artículo publicado en la Revista mexicana “Rayuela” de México.

[2] WILLY GUEVARA es el seudónimo literario DE JOSÉ GUILLERMO GUEVARA TORRES

Profesional peruano en antropología y comunicaciones. Especialista en Amazonía y experto  en antropología médica. Productos  para cine, TV, video, teatro, radio y prensa escrita y virtual .Tuvo contratos con la OPS-OMS-WDC, CARE, UNICEF, Universidades, Ministerio de Salud, organizaciones privadas y comunitarias. Ganador de premios literarios y audiovisuales. Con publicaciones en periódicos, revistas y páginas virtuales. Autor de Libros. Ponente en Seminarios Nacionales e Internacionales. Asesor de Organizaciones Indígenas. Blog: www.wyllyguevara.blogspot.com

NAVEGACIONES-22-11-2013

NO TOQUES A MI PUTA.
DOSSIER

SELMA JAMES · LLUÍS RABELL


LAS TRABAJADORAS SEXUALES NECESITAN APOYO, PERO NO EL DE LA BRIGADA DE “NO TOQUES A MI PUTA”

Las prostitutas necesitan mejores aliados que los hombres franceses centrados en sus propias libertades sexuales – pero, demasiado a menudo, las feministas sólo hacen sus vidas más difíciles

Los 343 hombres intelectuales franceses que firmaron una declaración —“No toques a mi puta” (1) — defendiendo su derecho a comprar servicios sexuales han enfurecido a las mujeres y causado una amplia controversia. No solo dicen en su declaración lo que piensan de las trabajadoras sexuales, sino también lo que piensan de las mujeres en general, y en particular lo que creen que pueden conseguir diciéndolo públicamente en este momento.

Acabo de firmar un comunicado feminista que se opone a la intención de penalizar a los clientes en Francia. La ley propuesta impondría una multa de 1.500 libras a los que pagaren por sexo, el doble en caso de reincidencia. Mi motivo para oponerme es totalmente diferente al de los hombres: no a la libertad sexual de los hombres sino la posibilidad para las mujeres de ganarse la vida sin ser criminalizadas y privadas de seguridad y protección.

Empujadas aún más a la clandestinidad, las mujeres estarían a merced tanto de aquellos clientes que son violentos como de aquellos policías que son sexistas, racistas y corruptos y nada les gusta más que perseguir y abusar de las “malas mujeres”. Pero esto es la consecuencia inevitable de tales leyes. Las trabajadoras sexuales son las primeras en sufrir a consecuencia de cualquier propuesta que haga más difícil, y por tanto más peligroso, contactar con los clientes.

El hecho es que las trabajadoras sexuales no han conseguido contar con el apoyo de prominentes feministas a su larga lucha por la despenalización. En cambio, las feministas del sistema han encabezado los intentos de los gobiernos por hacer más difícil el trabajo de las mujeres. Su objetivo declarado es abolir la prostitución, no abolir la pobreza de las mujeres.

Es esta una vieja historia y es doloroso que ahora se vea realzada con retórica feminista: disimulando su contenido antimujer al proponer la penalización de los hombres.

La necesidad de trabajar en la prostitución está en plena expansión con los recortes que han golpeado con la máxima dureza a las mujeres.  Cuando la Ley de reforma del Estado de bienestar  y la Ley de policía y crimen fueron llevadas al Parlamento en 2009,  pedimos a las diputadas feministas que se opusieran a ellas, en base a que muchas madres solteras que habían logrado subsidios para “progresar hacia el trabajo” progresarían hacia la esquina de la calle como única opción disponible. No obtuvimos respuesta.

Una consecuencia de la falta de voces de feministas influyentes y poderosas en defensa del derecho de las mujeres a trabajar y a hacerlo de forma segura es que el terreno queda a disposición de los hombres. Los hombres, en los habituales términos de autor referencia, defienden sus propios derechos como clientes, no los derechos de las mujeres como trabajadoras. Sin embargo, ya era hora de que los hombres admitieran ser clientes (intelectuales, en este caso). Pero la próxima vez deberían consultar primero con las trabajadoras a las que dicen apoyar lo que se propongan decir.

Fue en Francia en 1975, justo después de la famosa huelga de prostitutas que inició el moderno movimiento de trabajadoras sexuales en occidente: las mujeres habían ocupado iglesias, primero en Lyon y después por toda Francia, para protestar de que la policía las detuviera y multara mientras a la vez no hacía nada por acabar con los asesinatos y las violaciones. Constituyeron el Colectivo Francés de Prostitutas y proclamaron: “Nuestros hijos no quieren ver a sus madres en la cárcel”. Sus acciones inspiraron a las trabajadoras sexuales de aquí para formar el Colectivo Inglés de Prostitutas.


Yo fui la primera portavoz: ninguna de las mujeres podía darse a conocer entonces, así que pidieron a esta respetable ama de casa, casada y activista feminista, hablar por ellas. Me alegré de aprender de las hermanas censuradas y ser dirigida por ellas.

El primer comunicado fue A favor de las prostitutas, contra la prostitución, ya que tantas de las que estaban en el movimiento de liberación de las mujeres eran hostiles a las trabajadoras sexuales y parecían confundir el trabajo con la trabajadora —muy parecido a como el ama de casa era confundida con el trabajo en la casa.  Seguimos repitiendo (en ambos casos): ¡nosotras no somos nuestro trabajo!

Casi 40 años después, las trabajadoras sexuales todavían tienen que hacer frente a las persecuciones y los procesamientos a lo largo y ancho del mundo. El intento francés de penalizar a los clientes sigue el “modelo sueco”, que inspiró también la Ley de Policía y Crimen del Reino Unido (2009). La oposición encabezada por el Colectivo Inglés de Prostitutas consiguió limitar la penalización de los clientes a aquellos que se estimara que “habían tenido sexo con una prostituta forzada o coaccionada”. Pero las redadas y detenciones de trabajadoras sexuales han ido en aumento, igual que la violencia contra las mujeres.

Una mujer de 24 años fue asesinada el lunes por la noche en Ilford. Su trágica muerte se produce a raíz de la Operación Clearlight, un importante operativo policial contra la prostitución callejera. Más de 200 mujeres han recibido “amonestaciones de prostituta” (en las que, al contrario que las amonestaciones policiales estándar, no hay requisitoria para admitir la culpa y no hay derecho de apelación) en el último año y muchas han sido detenidas por merodeo y captación de clientes y/o por infringir órdenes de conducta antisocial. La mujer asesinada era rumana. A su elección puede haber contribuído un aumento del racismo contra los rumanos en particular, alimentado por la caza de brujas contra los inmigrantes del gobierno. Otra rumana comentó: “Cuando la policía entró en el piso en el que trabajo, fueron groseros e intimidantes, insultándome y acusándome de ser una mendiga y una criminal. Intentaron deportarme, a pesar de que tengo el derecho a permanecer en el Reino Unido. Dicen que están salvando víctimas de trata, pero van a por mujeres inmigrantes como yo. ¿Cómo vamos a denunciar amenazas y agresiones si tenemos miedo de ser detenidas o deportadas?

Las trabajadoras sexuales francesas deben tener la última palabra. Morgane Merteuil, secretaria general de STRASS (Sindicato de Trabajo Sexual), que hace campaña por la despenalización, dijo a los hombres que pretendían estar defendiéndolas: “No somos las putas de nadie, y menos las vuestras… si luchamos por nuestros derechos es principalmente para tener más poder frente a vosotros, así que nosotras dictamos nuestras condiciones…”

SELMA JAMES ES UNA VETERANA ACTIVISTA SOCIALISTA Y FEMINISTA NACIDA EN BROOKLYN, NUEVA YORK. ES CO- AUTORA, JUNTO A MARIAROSA DALLA COSTA, DE LA OBRA CLÁSICA SOBRE TRABAJO DOMÉSTICO, POWER OF WOMEN AND THE SUBVERSION OF THE COMMUNITY, APARECIDA EN 1972, IMPULSORA DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y COORDINADORA DE LA HUELGA MUNDIAL DE MUJERES.
    


PROSTITUCIÓN: COSA DE HOMBRES


El llamado “Manifiesto de los 343 cabrones”, enarbolando la consigna de “no toquéis a mi puta”, ha causado no poco revuelo en Francia. El texto, que tiene la altura intelectual de un exabrupto tabernario, no merecería mayor atención… si no fuera porque, aunque involuntariamente, arroja cierta luz sobre el debate social acerca de la prostitución. Un debate que, la mayoría de las veces, se nos presenta bajo un enfoque equivocado.

El bodrio en cuestión tiene el mérito de probar que la prostitución es cosa de hombres. Ni “el oficio más viejo del mundo”, ni el “trabajo sexual” revelado por la postmodernidad, ni “una estrategia de mujer”. Históricamente – y más que nunca en la era del capitalismo globalizado –, la prostitución ha sido y es, esencialmente, un comercio entre hombres.

La prostitución no es algo que hagan o ejerzan las mujeres, sino aquello que hacen los hombres con ellas cuando, deshumanizadas, objetivadas o transformadas en mercancía, acceden a sus cuerpos mediante dinero. El lenguaje ordinario nos engaña.

Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas. La prostitución funciona sobre un continuum de violencias en que unos hombres condicionan a un cierto número de mujeres para ponerlas a disposición de otros hombres.


Pero, a cada paso, una legión de defensores de la prostitución, muchas veces financiados por las poderosas industrias del sexo, invoca una compleja casuística – e incluso “el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo” – para difuminar el papel determinante de los hombres. Sin cesar, somos conminados a distinguir entre una prostitución “forzada” y otra  “libre”.

La primera, reprobable, nos dicen, constituiría un epifenómeno, una desgracia que se da en los márgenes de un legítimo intercambio mercantil – y a la que la policía, persiguiendo la trata, ya se encargará de poner coto -.


Los 343 “cabrones”, que abundan por supuesto en esa distinción, nos devuelven sin embargo a la realidad. Curiosamente, a esa “libertad de prostituirse” se acogen, en su abrumadora mayoría, mujeres. Y son pobres, proceden de regiones y países económicamente deprimidos, pertenecen a minorías étnicas o a pueblos colonizados, entraron en el mundo de la prostitución a muy temprana edad, abundan los casos de abusos en la infancia y son frecuentes las situaciones de alcoholemia y las drogodependencias. En tales condiciones, la evocación de la “libertad” es un contrasentido y sólo pretende evacuar la opresión de género, social y racial que conlleva la prostitución. Pues bien, nuestros “cabrones” certifican que, en una sociedad con prostitución, no hay en realidad más libertad que la suya en tanto que “hombres”.


El término, misógino por excelencia, con que se regodean para referirse a las mujeres prostituidas – “puta”- constituye algo más que un insulto o una grosería: significa la atribución de una identidad. En la fantasía machista, la “puta” es un ser lascivo, en cierto modo subhumano, tan deseable sexualmente como profundamente despreciable. Pero, si se admite la institución de la prostitución, la “puta” es la mujer por antonomasia. Desde esa óptica, sólo una cosa distingue a la mujeres prostituidas de las demás: las primeras tienen un precio; en cuanto a las otras, aún no ha sido fijado. De hecho, la prostitución constituye la piedra angular de la construcción de la identidad masculina bajo los parámetros de la dominación patriarcal – decisivo descubrimiento que el feminismo ha aportado al pensamiento crítico -.

Los “cabrones” así nos lo dicen cuando reivindican a “sus putas” independientemente del hecho que acudan a ellas o no. No es una cuestión de sexo propiamente dicha, sino de dominación. La existencia de una reserva de mujeres a disposición del capricho de los hombres rubrica su preeminencia en la sociedad – por mucho que ésta adhiera a proclamas o políticas de igualdad -. Y el hecho de que tal privilegio beneficie a todos los varones simplemente por serlo, contribuye poderosamente a cimentar una bárbara solidaridad viril.


La prostitución plantea el debate sobre la sociedad que tenemos y las relaciones humanas a que aspiramos. Cuando, al término de la cruenta guerra civil americana, fue abolida la esclavitud, la libertad de la población negra de los estados sureños se fundamentó en la prohibición de que ningún ciudadano americano pudiese comprar o vender a otro ser humano.

Ya va siendo hora de que abordemos la cuestión de la prostitución como un urgente desafío civilizatorio. Va en ello el destino de millones de mujeres y niñas, violentadas y traficadas en todo el mundo, justamente porque los “cabrones” de todos los países siguen detentando un privilegio ancestral. Va en ello el destino de la propia democracia, que no puede ser tal sobre la base de semejante desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Va en ello la emancipación de las mujeres y una nueva identidad de los hombres, forjada en el respeto y la empatía, y no en la brutalidad, siempre latente, de un poder de derecho divino.


Tiene razón el abolicionismo feminista al proclamar que no existen “putas”, sino mujeres en situación de prostitución. Mujeres a quienes, lejos de estigmatizar o recluir en ese universo, es imperativo restituir su dignidad y su condición de ciudadanas. Un crimen es un crimen aunque la víctima, presuntamente, consienta en ello. Hay que educar y prevenir. Hay que combatir las causas de la prostitución y los entornos que la favorecen, perseguir la explotación y desenmascarar a las industrias del sexo. Pero también habrá que acabar, por la convicción o por la fuerza sancionadora de la ley, con la arrogancia de los “cabrones”. La prostitución no es un derecho del hombre. Una sociedad democrática, por el contrario, debe proclamar y hacer efectivo el derecho de las personas a no ser prostituidas.


LLUÍS RABELL ES  EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINAS Y VECINOS DE BARCELONA (FAVB).



jueves, 14 de noviembre de 2013

NAVEGACIONES-13-11-2013



LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN SON DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBEN CONSTITUCIONALIZARSE

DELIA BLANCO TERÁN

Fue el jurista checo Karel Vasak (1) el que propuso en 1977 la visión del desarrollo de los derechos humanos en tres generaciones, que correspondían por su temática a los tres objetivos de la Revolución francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
La primera generación surge con el Bill of Rights de los nuevos EE UU y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución francesa. En el derecho internacional están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Constitución española de 1978 se inspira en ellos y los recoge como derechos fundamentales de los ciudadanos españoles y son la fundamentación de un estado de derecho democrático.
Los derechos de segunda generación surgen como resultado de la II Guerra Mundial y la victoria de la coalición internacional antifascista. Parten de la idea de garantizar la base material del ejercicio de los derechos fundamentales de la primera generación y, por lo tanto, hacer posible el ejercicio en igualdad de derechos fundamentales de la ciudadanía democrática. Aunque algunos de ellos aparecían ya en la declaración de 1948 (art. 22-27), fueron desarrollados posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que entró en vigor en 1976 (ver Diez de Velasco, Parry and Grant (2)).
En 1944 el presidente Roosevelt propuso una segunda Bill of Rights. Los llamados “derechos rojos” imponen a los gobiernos la obligación de respetarlos, promoverlos y aplicarlos, pero dependiendo de la disponibilidad de recursos públicos de manera progresiva. Los derechos de segunda generación están íntimamente ligados al desarrollo del estado del bienestar y a las reformas fiscales progresistas que alentaron las constituciones antifascista de Francia, Italia y la República Federal Alemana tras la II Guerra Mundial, inspirándose en las malogradas de la Republica de Weimar y de la II República española.
La defensa de los derechos de segunda generación son la base del republicanismo moderno como teoría política. Como lo resume el profesor Jeremy Waldron de la Universidad de Nueva York: “La diferencia entre los derechos de primera generación y los de segunda nunca pretendió ser materia de un análisis conceptual. Más bien: si de verdad existe la preocupación por garantizar las libertades políticas y civiles de las personas, ese compromiso debe acompañarse de la preocupación sobre las condiciones de vida de la persona que hacen posible el disfrute y el ejercicio de la libertad. ¿Por qué razón merecería la pena luchar por la libertad de las personas (es decir, su libertad para elegir entre A y B) si fuese abandonado a una situación en la que la elección entre A y B no significara nada para él, o en la que la elección entre una y la otra no tuviese la menor consecuencia en su vida?” (3).
Karl Polanyi, en su libro La Gran Transformación, argumenta también en el mismo sentido: el mercado por si mismo, al producir una concentración de la riqueza y la polarización social, acaba por condicionar unilateralmente el gobierno democrático y degrada los derechos civiles. Solo la acción positiva de un gobierno democrático, desarrollando las condiciones materiales de la ciudadanía a través del estado del bienestar, puede garantizar su ejercicio y el funcionamiento democrático del estado (4).
¿Cuáles son en definitiva los derechos de segunda generación que aseguran las condiciones materiales de la ciudadanía democrática?: la igualdad de genero; el derecho al trabajo decente (según la definición de la OIT), el derecho a la seguridad social y a la sanidad, el derecho a unos niveles de vida dignos, la libertad del hambre, el derecho a la educación, a la salud en su nivel físico y psicológico más alto, el derecho a la vivienda, a la cultura…
La falta de los derechos de segunda generación provocan en la práctica la violación de los derechos humanos de primera generación. Tras años de debates, NNUU adoptó en 2008 el Protocolo Opcional del Pacto de 1966, pero aun no ha entrado en vigor por falta de ratificaciones (entre ellas el Reino de España). El Protocolo establecería un órgano de seguimiento y defensa de los derechos de segunda generación similar o ampliando, como pareciese más lógico, el mandato del Consejo de Derechos Humanos, que ya recibe los informes-país elaborados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En cuanto al ordenamiento español, la Constitución de 1978, adoptada poco tiempo después de la entrada en vigor del Pacto de 1966, menciona en su articulado alguno de los derechos de segunda generación (vivienda, trabajo, educación…), pero obvia la mención de otros como la sanidad. A pesar de la obligación legal que implica la ratificación por el Reino de España del Pacto de 1966, la reciente reforma constitucional del artículo 135 de 2011, al establecer a partir del concepto de “estabilidad presupuestaria” la prioridad del pago de la deuda y los intereses, crea un desequilibrio de derechos. Al subordinar los derechos de segunda generación, que son la base material para el ejercicio de la ciudadanía democrática y por lo tanto de los derechos humanos de primera generación, a los intereses rentistas de los acreedores de la deuda pública (independientemente de su nacionalidad), el actual texto constitucional de 2011 urge, desde un punto de vista democrático, de un reequilibrio explicito.
Esta es la base en definitiva de la exigencia democrática de la constitucionalización plena de los derechos de segunda generación. Porqué como advertía ya en los años 1920 Polanyi, el peligro es que los intereses rentistas sobre la deuda pública generados en el mercado financiero condicionen y determinen el ejercicio democrático de la ciudadanía, que es la función de los derechos de segunda generación.
Esta es por lo tanto una de las tareas fundamentales de un futuro gobierno de izquierdas: asegurar mediante una nueva reforma constitucional la prioridad del ejercicio individual y colectivo de los derechos democráticos de lo españoles, su igualdad ante la ley, frente a los derechos reconocidos de los acreedores rentistas de la deuda pública.
La historia política del PSOE está indisolublemente ligada a la extensión legal de los derechos de segunda generación. Fue Largo Caballero, como ministro de trabajo, quién comenzó a introducir los derechos laborales y de seguridad social de los españoles en el marco legislativo español y posteriormente en la Constitución republicana de 1931. El desarrollo del estado del bienestar ha sido la base del mandato electoral del PSOE desde la transición. La percepción por la ciudadanía de que ese mandato se rompió, primero en mayo de 2010 en la gestión de la crisis económica, y que, posteriormente, se constitucionalizó la prioridad de los intereses de los rentistas de la deuda pública sobre los derechos de los ciudadanos, son una de las causas profundas del actual declive del PSOE en sus expectativas de voto.
Mañana corresponderá a un gobierno de izquierdas y a los legisladores socialistas retomar su mandato electoral, reequilibrar, como punto de partida, la Constitución de 1978-2011 y asegurar los derechos humanos y de ciudadanía fundamentales de todos los españoles mediante la integración en el texto de lo que ya son obligaciones de derecho interno por la ratificación del Pacto de derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
NOTAS:
(1)    Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
(2)    Manuel Diez de Velasco; Instituciones de Derecho Internacional Público, t I, pag. 376 (Ed. Tecnos); John Grant y J. Craig Barker, Encyclopaedic Dictionary of International Law, pags.175 y 266 (Oxford University Press)
(3)    Jeremy Waldron, 1993. Liberal Rights: Collected Papers, page 7, 1981–91. ISBN 0-521-43617-6
(4)    Karl Polanyi, La Gran Transformación, (Ed. La Piqueta)


DELIA BLANCO TERÁN, FEMINISTA, ES DIPUTADA POR MADRID DEL PSOE

NAVEGACIONES-14-11-13



LA GUERRA SECRETA DE AUSTRALIA CONTRA LOS ABORÍGENES

JOHN PILGER

Los pasillos del parlamento australiano son tan blancos que uno tiene que entrecerrar los ojos al mirarlos. El ambiente es silencioso, el olor que desprende es de abrillantador. Los suelos de parqué brillan tanto que parece que reflejen caricaturas de los retratos de los primeros ministros y las filas de pinturas aborígenes, suspendidas en las blancas paredes, cuyas lágrimas y sangre no son visibles.

El parlamento se encuentra en Barton, un suburbio de Canberra cuyo nombre rememora al primer ministro de Australia, Edmund Barton, redactor de la Política Blanca de Australia en 1901. “La doctrina de la igualdad del hombre”, dijo entonces Barton, “nunca fue pensada para” aquellos que no fueran británicos ni de piel blanca.

La preocupación de Barton provenía más bien de los chinos, conocidos como el Peligro Amarillo; nunca mencionó la presencia más antigua y perdurable de la tierra: los primeros australianos. Para él éstos no existían. Su cuidado sofisticado de la áspera tierra no detentaba interés alguno. Su épica resistencia nunca había ocurrido. En 1838, el Sydney Monitor dijo sobre los que habían combatido a los invasores británicos de Australia: “Estaba determinado que se exterminara por completo la raza de negros en aquel lugar”.  Hoy, los supervivientes de aquella guerra son un secreto nacional vergonzante.

La ciudad de Wilcannia, en Nueva Gales del Sur, resulta doblemente conocida. Es la ganadora del premio nacional Tidy Town (ciudad pulcra) y sus habitantes indígenas tienen una de las esperanzas de vida más bajas que se ha registrado. Por lo general, mueren a los 35 años. El gobierno cubano está llevando a cabo un programa de alfabetización con ellos, de igual manera que hace con los más pobres de África. Según el informe sobre la distribución de riqueza global Credit Suisse Global Wealth, Australia es la región más rica del planeta.

Los políticos de Canberra se encuentran entre los ciudadanos más acaudalados. Sus donaciones endógenas son legendarias. El año pasado, la entonces ministra de asuntos indígenas, Jenny Macklin, reformó su oficina a costa de 331.144 dólares para los contribuyentes.

Hace poco, Macklin reivindicó que, cuando estaba en el gobierno, había marcado una "gran diferencia". Es cierto. Durante su ejercicio, el número de aborígenes que vivían en chabolas creció en casi una tercera parte y más de la mitad del dinero empleado en proyectos de viviendas para aborígenes se la embolsaron los contratistas blancos y la burocracia de quienes ella era en gran medida responsable. Hoy, una vivienda típicamente ruinosa en las zonas despobladas donde habitan las comunidades indígenas da cobijo a hasta 25 personas. Los servicios sanitarios tardan años en llegar a las familias, muchas a cargo de ancianos o discapacitados.

En el 2009, el profesor James Anaya, respetado relator de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, describió como racista el "estado de emergencia" que había despojado a las comunidades indígenas de sus ya endebles derechos y servicios bajo el pretexto de que entre ellos se encontraba un número "inconcebible" de bandas pedófilas –una acusación que la policía y la Comisión Australiana del Crimen desmintieron.

Entonces el portavoz de la oposición de asuntos indígenas, Tony Abbott, le espetó a Anaya, "ocúpate de tus asuntos" y no "escuches únicamente a la vieja brigada de las víctimas".  Abbott es hoy el primer ministro de Australia.

He conducido hasta el corazón rojo de Australia central y preguntado yo mismo a la Dra. Janelle Trees sobre la "vieja brigada de las víctimas". Trees es una médico de cabecera cuyos pacientes indígenas viven a pocos kilómetros de diversos centros vacacionales que cuestan 1.000 dólares la noche, en la formación rocosa de Uluru (Ayers Rock). Ella dijo, "sabemos que hay asbestos en las viviendas de los aborígenes y [al gobierno] no le importa en absoluto que uno de ellos inhale una fibra de asbestos y desarrolle un mesotelioma pulmonar. Los niños contraen infecciones crónicas y acaban sumándose a las increíbles estadísticas de indígenas que mueren por enfermedades renales, batiendo además récords mundiales de enfermedades reumáticas cardíacas, y no se hace absolutamente nada. Cuando veo esto me pregunto: ¿por qué no se actúa? La malnutrición es un mal común. Una vez quise dar a una paciente un anti-inflamatorio por una infección que podía haberse evitado si las condiciones de vida fueran mejores, pero no pude tratarla porque no tenía suficiente comida para llenar su estómago y no podía injerir las tabletas. A veces me siento como si estuviera tratando a mis pacientes en condiciones similares a las de la clase obrera inglesa a principios de la revolución industrial".

En Canberra, en las oficinas ministeriales que exhiben arte aborigen, los políticos expresaron repetidamente lo “orgullosos” que estaban de lo que “hemos hecho por los indígenas australianos”. Cuando pregunté a Warren Snowdon —ministro de sanidad indígena en el gobierno laborista, recientemente substituido por la coalición conservadora de Abbott— por qué después de casi un cuarto de siglo representando a los australianos más pobres y enfermos no había llegado a una solución, éste respondió, “vaya pregunta más tonta. Vaya pregunta más pueril”.

Al final de la calle Anzac Parade en Canberra, se erige el Memorial de la Guerra Nacional de Australia, cuyo historiador, Henry Reynolds, denomina el "centro sagrado del nacionalismo blanco". Me denegaron el permiso para filmar en este enorme espacio público. Cometí el grave error de expresar mi interés en las guerras de frontera en las que los negros australianos combatieron la invasión británica sin armas de fuego, pero con gran ingenio y coraje –arquetipo de la "tradición Anzac".  Pese a su importancia, en un país plagado de cenotafios, ni uno solo conmemora a aquellos que cayeron en la resistencia frente a "una de las mayores expropiaciones de tierra en la historia de la humanidad", escribió Reynolds en su libro más conocidoForgotten War (La Guerra Olvidada).  Mataron a más aborígenes australianos que nativos americanos en las guerras de frontera americanas y que maorís en Nueva Zelanda. El estado de Queensland se convirtió en un verdadero matadero. Un pueblo entero fue hecho prisionero de guerra en su propio país, mientras los colonos llamaban al exterminio. La industria ganadera prosperó empleando hombres indígenas prácticamente como trabajadores esclavos. La industria minera hoy en día obtiene beneficios de miles de millones de dólares a la semana en tierras indígenas.

Obviar estas verdades y venerar el papel servil de Australia en las guerras coloniales de Gran Bretaña ha cobrado hoy en día casi el estatus de culto en Canberra. Reynolds y las pocas personas que lo cuestionan han sufrido calumnias abusivas. Consideran a los excepcionales aborígenes de Australia sus Untermenschen. Al entrar en el Memorial de la Guerra Nacional, uno puede ver rostros de indígenas representados por gárgolas de piedra junto a canguros, reptiles, pájaros y otras formas de "vida salvaje autóctona".

Cuando comencé a rodar sobre esta Australia secreta hace 30 años, había en marcha una campaña global contra el apartheid en Sudáfrica. Como ya había realizado un reportaje en Sudáfrica, quedé impresionado por las similitudes de la supremacía blanca y la docilidad y actitud defensiva de los liberales. Ningún oprobio internacional, ningún boicot, había alterado la epidermis de la Australia "privilegiada". Hoy se puede ver a los guardas de seguridad de los centros comerciales expulsar a los aborígenes en Alice Springs; si se recorre la corta distancia que hay entre los suburbios de Cromwell Terrace y el campamento de Whitegate, se ven las chabolas de hojalata que no disponen de luz ni de agua. Eso es apartheid, o lo que Reynolds llama "un rumor en nuestros corazones".



(La película de John Pilger Utopia sobre Australia se verá en los cines a partir del 15 de noviembre y en la Televisión Independiente en diciembre. En Australia se verá en enero).


John Pilger, nacido en 1939 en Australia, es uno de los más prestigiosos documentalistas y corresponsales de guerra del mundo anglosajón. Particularmente renombrados son sus trabajos sobre Vietnam, Birmania y Timor, además de los realizados sobre Camboya, como Year Zero: The Silent Death of Cambodia y Cambodia: The Betrayal

martes, 12 de noviembre de 2013

NAVEGACIONES-12-11-13

EL ESTADO EMPRENDEDOR Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, SEGÚN MARIANA MAZZUCATO

RANDALL WRAY

“La incapacidad [ideológica] para reconocer el papel jugado por el Estado en el impulso de la innovación bien podría representar la principal amenaza al incremento de la prosperidad.”

Estuve pensando en escribir una entrada de blog reseñando el libro de mi amiga  Mariana Mazzucato, titulado The Entrepreneurial State [El Estado empresario]. Es una lectura obligada para cualquiera que desee entender el papel jugado por el Estado a la hora de promover la innovación. Durante demasiados años se nos ha vendido la idea de que nuestros “emprendedores” (también llamados empresarios o capitalistas) son los leones que impulsan el crecimiento a través de la innovación. En realidad, como demuestra Mariana en su excelentemente informado libro, los “emprendedores” no son sino gatitos domesticados que tienen que ser llevados a rastras por el Estado empresario. El Estado innova cargando con la tarea difícil y aun garantizando los mercados; los gatitos se limitan a sacar beneficios de las iniciativas del Estado.

Por cierto que pueden ustedes ver a Mariana en acción en el siguiente vídeo:


Martin Wolf me pisó la reseña. Pueden leerla entera en el Financial Times 


Como podrán ustedes ver, Wolf sostiene lo siguiente:

“Este libro presenta una tesis polémica. Pero, en lo substancial, anda en lo cierto. La incapacidad para reconocer el papel jugado por el Estado en el impulso de la innovación bien podría representar la principal amenaza al incremento de la prosperidad.

Mazzucato observa que “el 75% de las nuevas entidades moleculares [aprobadas por la Food and Drug Administration estadounidense entre 1993 y 2004] retrotraen su investigación…… a laboratorios de los Institutos Nacionales de Salud [NIH, por sus siglas en inglés] estadounidenses públicamente financiados”. El Consejo de Investigación Médica del Reino Unido descubrió los anticuerpos monoclonales, que constituyen el fundamento de la biotecnología. Esos descubrimientos son luego transferidos de barato a las empresas privadas, que consiguen con ellos enormes beneficios.

Un ejemplo acaso todavía más rotundo es la revolución en la información y la comunicación. La Fundación Estadounidense para la Ciencia y la Tecnología financió el algoritmo que está en a base del dispositivo de búsqueda de Google. La financiación inicial de Appel vino de la empresa pública norteamericana Small Business Investment Company [Agencia de Inversión para la Pequeña Empresa]. Además, “todas las tecnologías que componen el teléfono “inteligente” iPhone han sido públicamente financiadas: el Internet, las redes sin cables, el sistema mundial de determinación de posición, al microelectrónica, los dispositivos táctiles de pantallas y el recientísimo asistente personal activado por la voz, SIRI”.

Apple conjuntó todo eso, de manera harto brillante. Pero no hizo sino cosechar los frutos de siete décadas de innovación públicamente financiada. ¿Por qué es tan importante el papel del Estado? La respuesta radica en las enormes incertidumbres, en los lapsos de tiempo y en los costes asociados a la innovación fundamental, basada en la investigación científica. Las empresas privadas no pueden y no quiere correr con esos costes, en parte porque no pueden estar seguras de recoger sus frutos y en parte también porque esos frutos se hallan en futuro demasiado remoto. Lo cierto es que, cuanto más competitiva sea una economía y cuanto más impulsada esté por las finanzas, tanto menos dispondrá de un sector privado dispuesto a correr con esos riesgos. Recomprar las propias acciones es un modo aparentemente mucho más atractivo de usar el excedente de caja que gastar en innovación fundamental. Pasaron ya los días de los pioneros laboratorios Bell de la empresa AT&T. En cualquier caso, el sector privado no podría haber creado Internet o el GPS. Sólo los militares estadounidenses tenían recursos para hacerlo. Se puede sostener documentalmente que los más importantes dinamizadores de la innovación en las cinco últimas décadas han sido la Agencia Estadounidense para Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa y los Institutos Nacionales de Salud. El mundo de hoy, obligado revoluciones fundamentales en las tecnologías de la energía…“

Lean ustedes el resto del artículo en el Financial Times del pasado 28 de octubre. Y lean ustedes el libro de Mariana:

The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths, by Mariana Mazzucato, Anthem Press, RRP£14.99, RRP$18.95


Randall Wray es uno de los analistas económicos más respetados de Estados Unidos. Colabora con el proyecto newdeal 2.0 y escribe regularmente en New Economic Perspectives y en Economonitor.com. Profesor de economía en la University of Missouri-Kansas City e investigador en el “Center for Full Employment and Price Stability”. Ha sido presidente de la Association for Institutionalist Thought (AFIT) y ha formado parte del comité de dirección de la Association for Evolutionary Economics (AFEE). Randall Wray ha trabajado durante mucho tiempo en el análisis de problemas de política monetaria, macroeconomía y políticas de pleno empleo. Es autor de Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability (Elgar, 1998) y Money and Credit in Capitalist Economies (Elgar 1990).